El Tribunal Supremo de Cantabria ha confirmado mediante sentencia firme que es procedente la exención del pago de las tasas a los establecimientos de juego del territorio durante la pandemia. No hubo actividad, no hubo negocio y no se produjeron ingresos en las empresas afectadas por la medida y por tanto no procedía el abono de las referidas tasas cuando el operador no pudo ejercer la actividad por causas ajenas a su voluntad.
El Alto Tribunal basa su fallo y desestima el recurso presentado por el gobierno autonómico en la lectura de la normativa específica de la Comunidad Cántabra que vincula de manera explícita el pago de tasas al ejercicio efectivo de la actividad. O sea que si las empresas se paralizan por motivos de fuerza mayor y no recaudan están dispensados llegado el momento de liquidar unos productos que no pueden ser vendidos.
Esta matización normativa no está incluida en otros territorios y en Aragón, Castilla y León y Baleares, por citar tres ejemplos, las asociaciones empresariales y los operadores vienen denunciando el cobro integro pese a los cierres obligados por la pandemia. Pero la justicia no les ha dado la razón porque no se contempla en sus regulaciones la dispensa que presenta el caso de Cantabria. Esta circunstancia y los hechos expuestos siguen dando pie al afloramiento de un intenso debate jurídico.
No voy a meterme en cuestiones jurídicas sobre las que soy lego en la materia. Pero si procedo a mostrar mi indignación ante la insensibilidad de unas administraciones autonómicas que no han tenido ni pizca de voluntad política para salir en ayuda de unas empresas que se vieron forzadas a cerrar la puerta de sus locales por el covid, que no obtuvieron ingreso alguno en el citado período y sí se vieron en la obligación de atender costes laborales y de todo tipo. En semejante situación, angustiosa y fatídica para no pocas sociedades, ¿ no cabía esperar un gesto de ayuda de los gobiernos para tratar de reparar tantísimo daño económico como se produjo ?.
La respuesta, vista la actitud de determinadas administraciones, ha sido negativa y de dureza extrema con el sector del juego. No han atendido a razones que merecían ser tenidas en cuenta y se han limitado a la aplicación de una presunta legalidad. Para mí su posición cerrada en una catástrofe como la que vivimos es de vergüenza y de total desconsideración hacia el sector. Pura inquina política.
