Escribíamos ayer sobre el panorama que hoy presenta el juego en la Comunidad Valenciana. Y seguimos con el asunto porque material hay para contar y cantar y no bingo precisamente. El Consell ha hecho sus cuentas para 2026 y tiene previsto unos ingresos por tasas de juego de 175 millones de euros. La cantidad no es moco de pavo para las arcas autonómicas. De ésta partida de ingresos la mayor cantidad, 106 millones, proceden de las máquinas recreativas de tipo B y C, algunos de cuyos modelos o todos por llamar a las cosas por su nombre tardan más de un año, si doce meses muy cumpliditos, para ser homologados. ¿ Ingresos tan suculentos como los que percibe del sector la Generalidad no dan para agilizar un poco, sólo un poco, sus servicios administrativos ? ¿ Es normal que los expedientes de autorización de nuevos productos se eternicen en los despachos hasta poner de los nervios a los fabricantes ? Al parecer, todo es posible y hay que tomárselo con resignación.
Entre sus previsiones el Consell pretende llevar a cabo 15.000 inspecciones a locales de juegos, que ya son visitas, y calcula que de las mismas se desprenderán infracciones con multas que superarán de largo más de 700.000 euros. Además dotará una partida con casi 400.000 euros para atender programas de prevención y atención al juego problemático, iniciativa cuya finalidad hay que compartir.
Hasta aquí todo parece diáfano y concreto. Luego del capítulo de las inspecciones el gobierno valenciano habla de la elaboración de nuevas normativas y estudios destinados a mejorar la ordenación del sector y analizar su impacto social. Pero llegando a este punto entramos en el terreno de lo abstracto, de lo difuso, o sea que el ejecutivo da una larga cambiada para certificar, o casi, que seguiremos como hasta ahora sin registrar novedades dignas de mención respecto a lo que interesa a los operadores: avanzar, aunque sea ligeramente, en cuestión reglamentaria y fiscal.
La atonía normativa que viene soportando el juego en el ámbito valenciano demanda de acciones urgentes por parte de un Consell que mantiene al sector maniatado desde que comenzó su mandato. ¿ Hasta cuando piensa prolongar ésta agonía empresarial ? Si tarda más de la cuenta seguro que habrán víctimas.
