El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha dicho que no hay constancia de que el sector de hostelería sea el causante de la propagación de la pandemia y, en consecuencia, dicta sentencia a favor de la apertura de bares y restaurantes cuyo cierre decretó el gobierno autonómico.
La sentencia es un canto a la sensatez dado que hasta la fecha no existen datos de ningún tipo que certifiquen que los locales de hostelería son focos de letalidad constatada para expandir el virus. Las acciones destinadas a la clausura de la actividad no responden a criterios sanitarios o científicos con base sólida, con análisis estadísticos, con informes probatorios. En el tema del Covid-19 el gobierno del estado en primer término y con posterioridad los autonómicos han funcionado a golpes de improvisación, decretando y enmendando sus propias decisiones, aplicando una medida y desdiciéndose de la misma y desplegando todo un tratado apto para marear, confundir y acojonar a la ciudadanía. Y dejando constancia de que estamos navegando por el mar trágico de la pandemia sin rumbo y sin capitán al mando. Los salones han intentado acogerse a este fallo, pues en el mismo momento del cierre se hace junto a hostelería y disponen del mismo servicio, pero el Tribunal se lo ha negado. Una medida impensable pues los salones disponen de las mismas medidas de seguridad, control y limitaciones de aforo.
Y en medio de todo éste drama con ribetes apocalícticos está la condena a la hostelería, y por extensión al juego, su estrangulamiento económico, su cerco sistemático. No han sido suficientes, al parecer, las limitaciones de espacio y de horarios, las medias prohibiciones, las medidas de seguridad. No, nada de esto ha sido suficiente. Y en muchos casos se ha optado por actuar a la tremenda con el cierre total. Ojalá la sentencia de Euskadi -que se haga extensible a los salones y al resto de España- ponga un poco de cordura administrativa ante tanto desafuero y tanta incongruencia. Ante tanta ausencia de equidad gubernativa, ojalá.
