De unos años a ésta parte el juego, o un segmento concreto del mismo, ha ido adquiriendo visibilidad y su imagen y sus ofertas han trascendido en una lógica búsqueda de mercado. Y a partir de ahí han comenzado los problemas en base a unas interpretaciones políticas del juego, de cariz muy ideologizado, que han hecho de la actividad objetivo de sus críticas, muchas veces tendenciosas, y estimulado negativamente a la opinión pública desembocando en campañas contra el juego en general que han calado y tenido su reflejo de carácter restrictivo en no pocas administraciones autonómicas.
Que la visibilidad, o un exceso de la misma, han perjudicado al juego como sector es algo incontestable. Que el precio que se está pagando por ello es excesivo e injusto resulta más que evidente. Pero la situación es la que hay ahora mismo y lejos de modificarse los síntomas que se observan apuntan hacia el empeoramiento. Estamos asistiendo a una pugna entre determinadas administraciones, de idéntica o similar cuerda política, que rivalizan en ver cual endurece más las medidas de control sobre el juego.
Un gran empresario, que por desgracia ya no está entre nosotros, me decía hace años: “Nosotros no tenemos que sacar demasiado la cabeza, debemos de mantenernos en un plano discreto, sin hacer ruido, porque el día que rompamos ésta táctica nos zurrarán de lo lindo.”
No andaba descaminado aquél grande con sus predicciones que desgraciadamente se han cumplido. Que la visibilidad ha dañado al juego es obvio. Que éste daño carece muchísimas veces de la menor equidad no puede ponerse en cuestión. Todo obedece a criterios ideológicos. Lo tremendo del caso es que combatir el descrédito creado es tarea tan titánica como dudosa en sus resultados finales.
