Es tiempo de abogados. De ahí que muchos bufetes se hayan movilizado para ofertar sus servicios al sector. El objetivo planteado no es otro que tramitar demandas ante la administración central o autonómicas para resarcir al sector del lucro cesante ocasionado por la pandemia a sus empresas, algunas de las cuales han entrado en situación de emergencia máxima o están a punto de naufragar. Puede sonar dramático pero no es sino el reflejo de una realidad incontestable.
La industria del juego como la de la hostelería son dos de las bestias negras del Covid-19. A las que las administraciones vienen castigando con extrema saña. Son muchos cierres dilatados acompañados de restricciones de todo tipo los que han llevado al juego a un desastre económico jamás conocido desde que se legalizó la actividad. Y cuando se están arbitrando medidas de ayuda el sector está siendo excluido en una prueba más de discriminación entre las muchas que soporta.
¿ No existe responsabilidad en los gobiernos al dictar estados de alarma o decretos similares cuya aplicación atenta contra los derechos o bienes de los ciudadanos o sus empresas que deberán ser reparados con arreglo a lo determinado por la Constitución ? Esta pregunta encontró de inmediato la respuesta por parte de los juristas sectoriales, y dos de ellos, Juan José Sánchez Colilla y Jesús Serrano Escudero, fueron de los primeros en levantar la voz para anunciar acciones directas del bingo encaminadas en éste sentido.
El sector dispone de un plantel largo y experimentado de abogados que dominan no sólo todos los resortes que afectan a la actividad puesto que sus conocimientos incluyen otras ramas del derecho. Por ello parecen los más indicados para tramitar unas demandas que pueden resultar cruciales para enderezar la maltrecha situación de un sector que se ha visto durísimamente dañado por las decisiones de las administraciones. Entramos, por tanto, en tiempo de abogados. Es de esperar y desear que se cumplan sus objetivos.
