El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha aprobado la actualización de la normativa del bingo en la Región de Murcia para adaptarla a la evolución tecnológica y reforzar la seguridad de los usuarios, la transparencia y la capacidad de supervisión de la Administración regional.
La nueva regulación actualiza un marco normativo aprobado en 2010 y establece mayores garantías técnicas para las modalidades electrónicas. Los sistemas deberán estar homologados y contar con mecanismos que permitan registrar y conservar la información de las partidas y operaciones realizadas, lo que facilita su trazabilidad y comprobación por parte de la Administración.
Esta trazabilidad supone una garantía adicional para los usuarios, ya que permite verificar las operaciones, detectar posibles irregularidades y reforzar la prevención del fraude. Asimismo, la Administración regional podrá realizar un seguimiento en tiempo real de los sistemas y dispondrá de capacidad para bloquear servidores o terminales cuando existan indicios racionales de una infracción muy grave.
El decreto incrementa también las exigencias en materia de seguridad informática, protección de datos y fiabilidad de los sistemas, con servidores seguros, mecanismos de respaldo y controles de verificación de los equipos. Además, adapta las comunicaciones publicitarias electrónicas a la normativa digital, de forma que solo podrán realizarse cuando hayan sido solicitadas por el destinatario o exista una autorización expresa previa.
La reforma ordena y clarifica las modalidades electrónicas existentes e incorpora el bingo electrónico de sala, que permite la utilización tanto de terminales electrónicos como de cartones impresos. La actualización no supone una ampliación sustancial de nuevas actividades de juego, sino una modernización de su regulación para someter la realidad tecnológica actual a mayores controles y garantías públicas.
Con esta actualización, la Comunidad adapta los mecanismos de control a una realidad cada vez más digital y dota a la Administración de mejores herramientas para supervisar la actividad, detectar irregularidades y actuar ante situaciones graves, reforzando la protección de los usuarios y de los colectivos más vulnerables.
