Si resulta que de 22.810 inspecciones llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid realizadas por los efectivos de las fuerzas de Seguridad del Estado encargadas de dicha misión, únicamente se destacó en 2017 la presencia de 22 menores, ¿dónde está el gravísimo problema derivado de este hecho?.
¿Porqué se encienden todas las luces de alarma cuando la razón para alarmarse no existe? ¿Porqué se pide con rapidez inusitada, casi como si fuera legión de menores atrapados por la maraña del juego, que se implanten medidas de control extremas?.
El caso que nos ocupa, que afecta al juego y amenaza con perjudicar gravemente sus intereses y la existencia de muchos establecimientos, es fiel reflejo de situaciones que se producen en otros ámbitos de la sociedad española. Donde la raíz no está en el presunto problema, sino en la utilización que se hace del asunto para prefabricarlo y venderlo a la opinión pública como objeto de alarma y problema confeccionado a la carta de unos intereses particulares, en los que suele pecar la izquierda radical de identificación comunista.
Madrid viene siendo el centro experimental en el que éstos tipos vienen prodigándose en la magnificación del juego como problema que hay que atajar mediante la aplicación de medidas muchas veces delirantes y sin ninguna consistencia jurídica. Pero lo que se impone es inventarse el problema, ultradimensionarlo hasta la exageración e intentar sacarle jugo social. Lo de menos es la sensatez de sus propuestas, que no puede darse por individuos que carecen de ella. Aquí lo que vale es el invento del problema, cuanto más gordo y alarmante mejor, y tirar para adelante armando ruido. Y de eso viven políticamente. Que ya hay que tener jeta.
