He escrito bastante sobre el tema y me veo en la obligación de reincidir. Me refiero a ése querer meter la cuchara en el plato que no es nuestro que ultimamente tienta a los ayuntamientos respecto al juego. Son frecuentes las noticias que informan sobre las pretensiones de municipios que quieren intervenir de manera directa en la ordenación del juego, que como es notorio entra dentro de las competencias de los gobiernos autónomos.
Es cierto que por regla general y dentro del ámbito municipal los tiros vienen casi siempre del mismo lado. Pero no lo es menos que encuentran eco en los gobiernos, sobre todo si son de idéntica cuerda política, que hacen pared y consiguen el propósito deseado: complicar regulatoriamente más las cosas a los establecimientos de juegos.
Ahora es el Ayuntamiento de Sevilla el que pretende modificar las distancias de los salones de los centros docentes ampliando los 150 metros vigentes en la actualidad. Ya hace años que la gerencia de Urbanismo, basándose en supuestos informes sobre el impacto de la ludopatía en el entorno de los menores, planteó un cambio en el plan general de ordenación urbana con idéntico propósito.
En su momento la consejería de Hacienda no apreció motivos suficientes ni perentorios para la modificación apuntada. Y por mi cuenta añado: siempre que se quiere adoptar una decisión de ésta naturaleza se invocan unos informes sin base sólida en la que apoyarse ni rigor científico alguno. Pero resulta que en muchas ocasiones con mimbres tan endebles y con una motivación puramente ideológica se consiguen los objetivos perseguidos.
Todo éste asunto partió, en el seno del Parlamento Andaluz, de la representación de Unidas Podemos, organización que incluye entre sus prioridades la demonización del juego. Y que por los conductos ideológicos llega a los municipios. En el caso que nos ocupa le tocó a Sevilla. Seguimos con aquello del meterse en camisa de once varas. Sobre todo si del juego se trata.
