Cuando se legisla desde la posición del sectarismo y de la animadversión hacia una actividad suelen cosecharse resultados contrarios a los deseados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana califica en sentencia de desproporcionada la distancia que la Generalitat fijó para los salones de juego de estar situados a 850 metros de los colegios y a 500 metros entre los propios salones. El Tribunal ha atendido favorablemente las demandas presentadas y declara nulos a todos los efectos las disposiciones que en el sentido apuntado aprobó el gobierno socialista de Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos.
El Tribunal Superior haciendo gala de un sentido de la equidad encomiable ha puesto las cosas en su sitio. Y le ha propinado un guantazo en todo el rostro a un ejecutivo que tuvo en varios de sus miembros, que no señalo porque son sobradamente conocidos, a gentes que han actuado en política a base de resentimiento y de prejuicios que en el caso concreto del juego se dejaron ver y sentir. Hicieron del sector blanco indicado de sus furias irreflexivas, trataron por todos los medios de socavarlo y en el caso de los salones contribuyeron al cierre de no pocos negocios y a mandar a mucha gente al paro.
Se dice que serán alrededor de 400 millones de euros los que el anterior gobierno, que será el actual, tendrá que abonar por la ceguera legislativa de unos políticos que antepusieron el odio hacia el juego con un mínimo sentido de la justicia y, si me apuran, del sentido común.
No sé en que medida se alcanzarán las indemnizaciones que puedan solicitarse por los afectados. Lo que sí me satisface es la fotografía a cuerpo entero que se desprende del fallo del Tribunal Superior en cuanto a que nos ofrece la imagen de un gobierno que, en cuanto al juego, se descalificó por sí sólo por tendencioso, incapaz e inmoral. Que no es poco.
