El clamor de los salones es uno e insistente: hay necesidad imperiosa de implantar medios de pago alternativos. La discriminación de que en éste capítulo es objeto el subsector resulta irritante. En una sociedad donde la circulación del dinero en efectivo va perdiendo terreno de manera acelerada siendo sustituido por tarjetas, móviles y otros dispositivos no hay razones objetivas para el veto que pesa sobre los salones.
Esta es una prueba más del etiquetado que sufre el salón cono espacio público maldecido. Una etiqueta que responde a criterios ideológicos de la izquierda política más radicalizada que ha hecho del salón su blanco preferido para verter sus descalificaciones, movilizar a sus correas de transmisión ciudadanas y agitar la calle, cometido en el que están extremadamente experimentados, para tratar de erradicar del mapa urbano éstos establecimientos.
Son varias las comunidades autónomas que están en puertas de cambiar el signo de sus gobiernos. Entre las más destacadas la Valenciana, Aragón y Baleares. Y a los nuevos ejecutivos surgidos de la voluntad de las urnas y al resto en general habría que pedirles un nuevo enfoque para el tratamiento de los salones. No estaría de más quitarse la careta de los falsos clichés, de las leyendas prefabricadas y las ojerizas ideológicas. Y abordar el tema de los salones con rigor y un mínimo de decencia política. Está el clamor de otros medios de pago por supuesto. Y también revisar en profundidad la cuestión de las distancias, que en algunos casos roza la esquizofrenia, y que obliga a traslados de licencias cuya seguridad jurídica ha sido escandalosamente vulnerada. Resumiendo: más objetividad y menos condena política para los salones.
