Se está jugando con fuego en torno al proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Y lo digo porque desde el plano de la actuación política de los distintos partidos, y de manera primordial del tripartito que gobierna la Generalitat, se esta jugando con exceso de ligereza a la desproporción y el disparate, al lanzamiento de medidas que pretenden superarse entre sí para comprobar, y medir, cual es la que entraña mayor carga restrictiva.
Asistimos a un ejercicio político consistente en comprobar que grupo coarta más el campo de actuación del juego. Quién coloca la enmienda más atrevida, alocada y jurídicamente cuestionable. Y todo éste andamiaje se levanta en base a una campaña de descrédito del juego, con grandes dosis de intoxicación de por medio, de la que los partidos pretenden sacar crédito. Esta es la situación y éste el espectáculo al que estamos asistiendo como espectadores alucinados.
Son muchas y graves las consecuencias que pueden derivarse del proyecto si los grupos políticos no dejan de superarse entre ellos en cuanto a ligereza y frivolidad, en cuanto a desmesura y falta de objetividad. El juego reclama seguridad, responsabilidad y control. Algo que toda la industria suscribe. Pero de ahí a medidas de corte dictatorial y carentes de justificación hay un trecho abismal. Por ello, y por los resultados que depararía, sería más que recomendable no jugar con fuego. Porque habría partidos que saldrían abrasados de la aventura.
