La plaga de juego ilegal que invade no pocos territorios españoles subsistirá y hasta crecerá con todo descaro mientras no se adopten medidas ejemplarizadoras contra quienes fomentan ésta actividad al margen de la ley.
La actividad desplegada por los cuerpos y fuerzas de seguridad contra los brotes de juego clandestino suele ser eficaz. A pesar de los pocos efectivos y medios de que muchas veces disponen para realizar su labor. Pero de poco sirven sus intervenciones si quienes se dedican actuando a sus anchas al juego pirata recibieran el castigo que merecen por vulnerar las disposiciones vigentes. Pero en la mayoría de los casos cuando se levanta un bingo o casino clandestino todo queda en una sanción mínima, y a veces ni eso, y a la entrada y salida por la misma puerta del juzgado de quienes son autores de una fechoría.
El juego ilegal no sólo ejerce una competencia absolutamente desleal con los establecimientos que cumplen los numerosos requisitos contemplados por la administración. Es que, además, juega con la seguridad y la confianza de las personas que acuden a sus antros y que no gozan de ninguna garantía sobre su propia seguridad personal, ni sobre la de sus bolsillos, puesto que los que manejan éstos tinglados proceden del mundo de la estafa.
Lo que no debe admitirse es que unos tipos que se mueven en el terreno de la delincuencia se salgan de rositas cuando son pillados con las manos en la masa. Y la acción se salde con un expediente y una multa de seis reales.
Y mientras tanto el bingo, casino o salón que cumple con los mil y un requisitos fijados para su funcionamiento es objeto de dura sanción económica por una tontería de nada. Aunque, bien mirado, no resulta extraño vistos los disparates judiciales que acontecen a diario en España. Que son de auténtico tebeo. Para partirse de risa, vamos.
