Cuando el sector afirma que las cosas están complicadas no se queja por vicio. La realidad socioeconómica del juego privado en España indica que la esperada recuperación tras la pandemia no se ha producido. Que los negocios no discurren por los cauces ansiados por los operadores. Que volver a la normalidad está costando lo suyo a pesar de los esfuerzos y de las inversiones empresariales.
Lo de Murcia no es una excepción. Sus datos son aplicables a la mayoría de territorios autonómicos. Allí durante los últimos cinco años se han dado de baja 21 empresas del recreativo. Con las consiguientes pérdidas de empleos y el borrado de la actividad de pequeñas y medianas empresas. Todo un drama social demostrativo del progresivo declive de un sector que circula en la actualidad con el freno y la marcha atrás.
Por el trascurrir de los hechos que se vienen registrando de ésta naturaleza en la mayoría de comunidades da la impresión de que las administraciones viven de espaldas a semejante realidad. Que les importa más bien poco que las empresas zozobren y los empleos se destruyan. Que ni por un momento se detienen a reflexionar sobre si una menor presión económica y regulatoria serviría para paliar el retroceso progresivo del sector en materia económica y social.
En tanto los gobiernos autonómicos no asuman que el juego privado no puede estar sometido a un dogal normativo y tributario que le impide actuar y desarrollarse con ciertas garantías de pervivencia seguirán produciéndose cierres de empresas y bajas de trabajadores.
Ahora nos salta la noticia en Murcia. Pasado mañana será en otra región y al otro día será un nuevo territorio el que dejará constancia de un decaimiento empresarial progresivo. E imparable como los gobiernos no caigan en la cuenta de que si el sector pierde ellos también. Así de tajante.
