No se distingue precisamente la administración del gobierno de Baleares por el trato que dispensa al juego. Ni en la aplicación de medidas reactivadoras para la actividad, que sí implantan otros territorios; ni en la celeridad en la tramitación de expedientes; ni en la mera interlocución con las entidades representativas del sector.
Existe en Baleares un desapego deliberado hacia el juego por parte de quienes gobiernan y deciden, un cierto desdén y una escasa voluntad de favorecer sus intereses.
Ahora se anuncia el endurecimiento de las sanciones económicas al hilo de la canallesca campaña promovida a escala nacional contra los establecimientos de juego. Multas que alcanzan cantidades astronómicas y que dejan traslucir una inquina manifiesta y pertinaz contra la actividad.
Para adoptar semejante decisión la consellería de Servicios Sociales solicitó la opinión de diversos colectivos. Y se saltó a la torera a las asociaciones del juego. A las que ni llamó, ni consultó y a las que ignoró con absoluto desprecio. Admitimos que la consellería no quiera recoger los planteamientos que puedan formularle a las asociaciones. Y que prefiera actuar de acuerdo con el ordeno y mando. Pero sí tenía la obligación de informar previamente sobre el nuevo proyecto de sanciones. Y no lo ha hecho en un alarde más de desconsideración, prepotencia e inquina escandalosa hacia el juego.
