En los foros donde se exponen y debaten los problemas del sector voces autorizadas insisten en que hay que tender puentes de conocimientos y diálogo con los políticos. Y que esas gestiones se vienen intensificando y dando sus resultados.
No seré yo quién no participe de ésos criterios que reiteran la necesidad de establecer una relación con los partidos políticos y sus representantes. Los agentes económicos y sociales, y la industria del juego la forman ambos, debe procurarse un acercamiento y diálogo con los llamados servidores públicos, aquéllos que forman parte de gobiernos y parlamentos porque en sus manos está el control y legislación de la actividad y los ejes sobre los que descansa su funcionamiento.
Hay que admitir y resaltar que de un tiempo a ésta parte éstas conexiones de miembros del juego con gobiernos, parlamentos y partidos se han intensificado, se han hecho visibles. Se está imponiendo y ejecutando una estrategia empresarial consistente en explicar públicamente la realidad del juego, más allá de clichés y tópicos, facilitando informes, datos y análisis y desmontando relatos interesados apoyados en falsedades.
Esta es una realidad y la respuesta es otra. Objetivamente hablando las normativas del juego se vienen endureciendo de una comunidad a otra. Exista la sensación de que se ha emprendido una carrera consistente en comprobar que Administración se muestra más restrictiva cuando de legislar sobre el juego se trata. Esto es así dígase lo que se quiera. Y entonces surge la pregunta: ¿ Es útil para alcanzar objetivos de mejora el acercamiento del juego a la clase política ? Queda, pienso, el consuelo de que de no existir ésos contactos las cosas podrían ir todavía muchísimo peor. Que ya es decir. Lo asegura el refrán popular: el que no se consuela es porque no quiere.
