En Canarias ha sido un clásico de toda la vida. En Andalucía ni les cuento. En la Comunidad Valenciana vienen funcionando con tanto descaro como impunidad. Y en otros territorios también cobra actualidad. Hablamos de los bingos ilegales que han sido y son una auténtica plaga para el sector. Para la sala que paga y cumple, para la que recibe inspecciones y le levantan actas, en ocasiones por nimiedades. La que no está exenta de sanciones mientras el que está cerca se cisca con la regulación, con la seguridad y con toda la retahíla de leyes autonómicas y municipales. Y a lo peor va y resulta que factura más que el empresario que respeta lo establecido.
Lo que llama la atención de todo éste asunto es que aquí lo que prima es meterse con el juego legal, tirarle porquería, machacarlo con mentiras. Y del sinvergüenza que explota un chiringuito pirata, del delincuente que estafa a la administración y a lo mejor a sus clientes, del desaprensivo que monta un bingo y pone en riesgo la seguridad de la parroquia nadie habla, nada sale a la luz pública. Subyace en éste asunto una evidente laxitud judicial, policial y administrativa ante unos hechos graves que merecen de acciones enérgicas y de un duro escarmiento sancionador. Que no suele darse, al menos en la medida que demanda la extrema gravedad del problema. Algo que intriga, subleva y encoleriza a un sector como el bingo, que no está precisamente para soportar abordajes piratas. ¿Hasta cuándo tendrán que soportarlos?
