No había que ser un lince para presentir que la brutal campaña promovida contra el juego y muy especialmente contra salones y casas de apuestas se iba a traducir en un progresivo endurecimiento de sus medidas reguladoras. Y ya son varias las autonomías que han emprendido acciones en éste sentido, promovidas por una clase política que vive al dictado de lo que publican o difunden los medios sobre todo en aquellas cuestiones que son pieza de escándalo y materia de alarma social. No importa demasiado que los titulares o las informaciones en base a los cuales de adoptan decisiones políticas sean exageradas, carentes del imprescindible rigor o poco fiables. Eso no influye en la toma de conciencia de grupos políticos cuyas señas de identidad son el populismo y la llamada de atención mediante el pronunciamiento puramente demagógico.
Lo lamentable de ésta situación es que se produce cuando el juego como industria más está haciendo por ejercer la actividad con las mayores garantías de responsabilidad. Poniendo de su parte medios e iniciativas, intensificando la preparación del personal y colaborando en cuantas acciones se plantean para hacer del juego responsable una realidad social digna de encomio y atenta a la preservación de los colectivos más vulnerables. La industria tiene más que asumido su papel y responsabilidades. Los políticos, en cambio, siguen jugando la carta del oportunismo más descarado y grosero. Una pena pero hay que rendirse a la evidencia.
