Inmaculada Domínguez, responsable del juego en la Comunidad Valenciana y experta en tributación, se ha mostrado públicamente partidaria de aliviar la carga de impuestos en el territorio. Los hechos indican que cuando una medida de ésta naturaleza se produce hay un robustecimiento evidente de la economía, crece el empleo y la mayoría de la población experimenta un cierto desahogo. Afirma el presidente del gobierno de la nación que aquí la economía va como un tiro, y a lo mejor quiere dar a entender que es en las piernas de muchos españolitos que apenas pueden caminar por la elevadísima presión fiscal que soportan.
Inmaculada es consciente de que el gobierno del que forma parte recibió una herencia envenenada del anterior ejecutivo del Botánic. Y por ello lamenta las dificultades que se plantean llegado el momento de restablecer los bolsillos de las empresas y los ciudadanos. En el caso del juego ha reconocido que el Bingo Electrónico de Sala es una necesidad perentoria a implantar «cuando las circunstancias así lo permitan». La realidad es que la nueva modalidad plantea como requisito ineludible una sustancial rebaja de la fiscalidad sin la que el producto no resulta rentable.
Más allá de éste caso específico, que lleva años barajándose sin llegar a ninguna conclusión positiva, lo cierto es que la sociedad valenciana y el juego en particular, demandan de una mirada revisionista sobre su panorama tributario. Y en la medida en que pueda y entre en el ámbito de su competencia el Consell de la Comunidad está obligado a actuar. En la cuestión del juego privado puede hacerlo por gozar de plena potestad para aplicar los baremos que estime ajustados a criterios de objetividad para la marcha normalizada de los negocios sectoriales. Se impone una mirada amplia y sin prejuicios hacia el sector para descargarlo, en la medida de lo posible, de una política fiscal en ocasiones claramente confiscatoria. Habrá que poner, más pronto que tarde, manos a la obra.
