Al inefable Kichi, alcalde de Cádiz cuyas dos acciones municipales más destacadas han sido borrar del callejero el nombre de José María Pemán y del estadio de fútbol del equipo de la ciudad el de Ramón de Carranza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha sacado los colores. Le ha venido a decir que se meta en sus cosas, las de su estricta competencia, y que se deje de entrar en cuestiones en las que ni pincha ni corta.
Él Ayuntamiento de Cádiz adoptó en 2020 la decisión de restringir la implantación de locales de juego, salones y despachos de apuestas, en zonas cercanas a centros escolares y marcando para ello una distancia de 500 metros de separación respecto al establecimiento docente.
La norma fue recurrida por el sector y el Tribunal ha dado la razón a la patronal del juego. Y lo ha hecho indicando que la decisión municipal adoptada por el consistorio excede a su competencia, que como es notorio corre a cargo de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Cádiz adujo en su momento que imponía dicha restricción para preservar la salud de los ciudadanos frente a las adicciones provocadas por el juego, invocando para ello un informe de la consejería de Salud.
Y aquí viene el varapalo a Kichi y sus compis municipales. El Tribunal argumenta que en el referido informe de la consejería no consta ningún dato o apreciación grave que justifique lo de la prohibición y los 500 metros de marras. Lo que indica claramente que la actuación del Ayuntamiento carecía de base fiable para intervenir. Y lo hacía, esto lo añado yo, por ideología y sectarismo. Viniendo del tal Kíchi no hay que añadir nada más.
