En el País Vasco existe preocupación por los bingos denominados sociales que funcionan en centros de jubilados o en asociaciones de personas mayores. Y que según se desprende del estudio realizado por el Observatorio Vasco del Juego se practica en más del 63% de estos locales. Tanta es la inquietud existente en la Asociación de Bingos de Euskadi ( ABE ) que su presidente, Pedro Jiménez, compareció en sede parlamentaria, dado que se está procediendo a la reforma de la Ley del Juego, para denunciar la existencia de una situación anómala que perjudica seriamente los intereses empresariales y supone una competencia desleal para las salas que se atienen estrictamente a lo dispuesto en la normativa vigente.
El asunto se viene arrastrando desde tiempo atrás en diversos territorios autonómicos que han tratado de paliar los efectos de ésta competencia aplicando cantidades mínimas al precio del cartón y por tanto al premio correspondiente.
Que más de un 63% de centros asociados a personas de edad avanzada practiquen el juego del bingo es lógico que mantenga en estado de alerta a los empresarios vascos. Conviene no olvidar que desde que el sector fue legalizado hasta nuestros días un porcentaje notable de los asiduos a las salas son clientes mayores. Que han encontrado en dichos establecimientos un espacio idóneo para entablar relaciones, hacer amigos o simplemente compartir un rato agradable entre personas de variada condición y en ocasiones más jóvenes, lo que les permite disfrutar de un cierto halo de rejuvenecimiento.
No soy en modo alguno partidario de que la práctica del bingo se erradique de manera radical en sitios en los que constituye un motivo de distracción para aquéllos que necesitan gozar de alicientes para que el tiempo en estado de retiro no sea una losa muy pesada. Merecen, por supuesto que sí, tener la oportunidad de hacer del juego del bingo un ejercicio distraído y emocionante. Pero sujetado a unas normas de obligado cumplimiento que no signifiquen en modo alguno una competencia para quienes están sometidos al férreo control de unos reglamentos y de unas obligaciones fiscales que en modo alguno pueden ser objeto de prácticas indeseadas que vayan más allá de lo tolerable. En el perfecto equilibrio radica la virtud.
