Cuando se habla de normativas autonómicas para el juego privado la palabra restricción suele ser de uso común. Colectivos vulnerables a proteger y endurecimiento reglamentario suelen ser argumentos habitualmente utilizados. Con los que el sector está plenamente identificado y apoya sin reservas en cuanto se refiere a la adopción de medidas de control para impedir la presencia de menores o personas autoexcluidas en sus establecimientos.
Lo que sucede es que más administraciones de las que sería de desear se empecinan en proponer medidas restrictivas sin partir de datos fiables que las justifiquen. El profesor José Antonio Gómez Yáñez publicaba recientemente en nuestras páginas su opinión sobre el estudio de impacto social que ha servido a la Generalitat Valenciana para elaborar su proyecto sobre planificación y estructura de la industria del juego.
Gómez Yáñez daba cuenta en su análisis de que experimentaba mucha extrañeza ante la no inclusión en el mencionado estudio de datos muy relevantes sobre la situación real del juego en la Comunidad y su incidencia sobre los colectivos merecedores de ser preservados frente a la tentación del juego. Y denunciaba con argumentos de peso que se olvidaban informaciones claves, y de efecto contrastado, llegado el momento de proceder a tomar decisiones administrativas de mucho calado, y por descontado que de claro signo regresivo para las empresas del sector.
Lo que venía a exponer el profesor, partiendo del hecho citado en la Comunidad Valenciana, es que son más de las deseadas las Comunidades que llegado el momento de elaborar decretos o reglamentos suelen obviar aspectos de una radiografía del juego que reflejan incidencias mínimas en lo tocante a la presencia de menores en establecimientos de juego o de personas indeseadas por su condición de jugadores patológicos. Igualmente se desdeñan los informes sanitarios que recogen la atención prestada a personas afectadas por su adicción a las prácticas de azar.
Lo que denuncia Gómez Yáñez, con el que no podemos estar más de acuerdo, es que no son pocos los gobiernos autonómicos cuyo tratamiento del juego se produce en base a los fundamentos de determinados estudios de cuyo impacto social se recogen unos datos y otros, que rebajan y mucho el sentido negativo que rodea a la actividad, se ignoran de manera flagrante. Todo con la intención última de machacar a la industria a base de disposiciones regresivas. Esta es la tristísima realidad.
