Uno de los significados otorgados por la RAE a responsabilidad es la «Obligación de alguien de reparar legalmente la falta o el delito cometidos por él o por otro». En el drama de la Dana en la provincia de Valencia esto brilla por su ausencia.
Tras la devastación de las lluvias, mínimos efectivos socorrieron al pueblo de forma inmediata. En Bétera – población muy cercana a las zonas afectadas- tenemos un cuartel general a disposición de la OTAN. Pero nada de nada. Fue la ciudadanía la que se echó a la calle, se arremangó y llenó de fango para auxiliar a gentes que en cuestión de horas lo habían perdido todo. Fui testigo de la indolencia institucional. Viniendo de Ávila, tras el Congreso de Castilla y León, no me crucé con ningún camión militar, vehículo de la UME, flota de bomberos o patrullas de policía o sanitarios. Mi viaje duró 7 horas y media. Y no solo eso. El sábado pasado estuve en Picanya ayudando a unos amigos a achicar agua en su vivienda y los servicios de protección civil eran contados con los dedos de una mano.
Y de repente, tras este abandono que duró casi una semana – indigno, repugnante, inhumano, insolidario – llegó el zafarrancho de combate. La Academia de Policía de Ávila envía a 1.000 alumnos, el Ejército despliega 3.600 militares, llegan bomberos de todas partes de España, son multitud los sanitarios asentados en las localidades arrasadas por el temporal, … No hay que dejar de agradecer pero estas reacciones deberían haber sido antes. La responsabilidad es de aquellos que tienen la potestad de decidir y dar órdenes. Y lo hicieron con demora y negligencia. Muy lamentable.
Y la responsabilidad de todo este desastre, ¿para quién?. El felón Sánchez, pese a los abucheos, saca pecho. El cantante Mazón juega a salvarse el culo. Y aquí nadie asume su error, intenta rectificar dignamente y se da media vuelta previo a que el peso de la justicia caiga sobre su persona.
Si un médico comete una temeridad da con sus huesos en la cárcel. Un Juzgado condenó a pagar casi 13 millones de euros a una aseguradora por «negligencia médica» en un parto. Si una edificación se desploma por motivos técnicos es el arquitecto quién debe asumir la carga. El conocido Calatrava tuvo que pagar 3,5 millones de euros por un derrumbe en el Palacio de Congresos de Oviedo.
En el sector del juego, aunque el ejemplo resulta pueril comparado con la Dana, igual que en la política se debería aplicar la Ley del Far West. Quién la hace la paga. Los factotum de Gobierno autonómicos dejaron los últimos de la fila a los locales de juego a la hora de abrir sus negocios tras la etapa post-COVID. Con justificaciones más que dudosas. Dicha medida provocó echar el cierre de muchos negocios. Son los que menos los que han podido recibir ayudas debido a esa etapa de inactividad. Y aquí no pasa nada. Cuando un consejero, pese a una época de recesión económica, impone una política fiscal desproporcionada a los bingos y muchos de ellos no pueden hacer frente a los pagos y deben finiquitar su mercantil el iluminado de turno se queda como si nada. Responsabilidad, cero. Sobre todo porque no existe ni empatía ni se contextualiza la orden. Recuerdo cuando se exigió a los locales de juego acometer inversiones de miles de euros para habilitar zonas para fumadores y después, en un plis plas, la ley antitabaco. Se perdió dinero y las compensaciones fueron escasas. Pero los responsables de este desbarajuste no rindieron cuentas.
El ciudadano de a pie es el pringao y el que llega al poder o tiene un puesto de autoridad pública tiene bula. No papal, celestial … o demoníaca.
