La reciente aprobación de tres Proposiciones No de Ley (PNL) por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del Problema de las Adicciones refleja una preocupación creciente por el impacto de las adicciones en menores, así como por la necesidad de establecer controles más estrictos en el juego. Las medidas propuestas buscan presionar al Gobierno para mejorar la regulación de las máquinas B y el juego online, con un enfoque particular en la protección de los menores y las personas que se han autoexcluido del juego.
Una de las enmiendas destacadas, impulsada por Vox y apoyada por el PP, propone la creación de un sistema de evaluación de resultados para las asociaciones que trabajan en el ámbito de las adicciones. Esta medida se centra en la necesidad de contar con indicadores de impacto específicos, lo que podría ayudar a medir la efectividad de las iniciativas en este ámbito.
La PNL presentada por el PSOE se centra en exigir al Gobierno que implemente sistemas de identificación en las máquinas recreativas y de azar, lo que facilitaría el control de acceso para menores y personas autoexcluidas.
Por otro lado, la crítica del diputado de Vox, Tomás Fernández Ríos, señala una preocupación sobre la profundidad de las propuestas y sus posibles repercusiones económicas para los propietarios de establecimientos que operan máquinas de juego. Este debate sugiere que, aunque hay un consenso sobre la necesidad de abordar el problema de las adicciones, también existe una tensión entre la protección social y la viabilidad económica de los negocios afectados.