El gobierno de la Región de Murcia prevé aprobar en el primer semestre de 2026 el decreto que obligará a la implementación de sistemas de control de accesos a los salones de juego. La principal razón de la medida, existente en la mayoría de territorios, es impedir la presencia en dichos locales de menores de edad.
Los empresarios de salones de las distintas autonomías donde están vigentes estos controles de entrada han colaborado de manera muy activa no sólo en la aplicación de la norma si no en la capacitación profesional del personal a cargo del salón para extremar al máximo el control de personas al establecimiento. Este celo puesto al servicio de la seguridad de los salones para aquéllos que los frecuentan tiene su reflejo en las inspecciones que periódicamente realizan las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado cuyos informes habían bien a las claras: presencia inexistente o mínima de menores en los espacios de juego.
La tónica existente no cambiará para nada a partir de la entrada en vigor en Murcia del anunciado decreto. Los empresarios del subsector vienen dando sobradas muestras de su propósito decidido de hacer de los salones lugares cerrados a los colectivos más vulnerables y abiertos de par en par a un disfrute del juego en el que prevalezca por encima de todo un ambiente seguro y apto para poder disfrutar de un rato de ocio alegre y divertido. Ese y no otro es el objetivo prioritario de quienes se ocupan de la gestión de ésta clase de negocio.
Choca todo éste esfuerzo empresarial, ésta apuesta decidida por la responsabilidad corporativa con la manipulación grosera y falaz de que son objeto los salones en ámbitos mediáticos y sociales. En los que el tema es pasto fácil para el relato condenatorio y alarmista, para el malditismo más sobado y reiterativo, para la ponzoña indisimulada contra el sector. Por muchos esfuerzos que se desplieguen en éste sentido Murcia no se librará de semejantes ataques. Y si no al tiempo.
