Irlanda moderniza la regulación del juego online siguiendo un esquema similar al español

| 20 de noviembre de 2026

Irlanda ha puesto en marcha un nuevo marco regulatorio para las apuestas y el juego online con la Gambling Regulation Act de 2024 y la creación, en 2025, de la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI). El nuevo sistema aproxima su estructura a la española, con licencias para los operadores, supervisión centralizada y medidas de protección de los jugadores.

La reforma irlandesa busca actualizar una normativa que había quedado desfasada ante el crecimiento del juego por internet y que hasta entonces se apoyaba en diferentes disposiciones legales anteriores a la expansión de las plataformas digitales.

La nueva autoridad reguladora asume funciones de concesión de licencias y supervisión de los operadores, incluidos los que desarrollan su actividad online. Entre sus competencias figuran también la aplicación de medidas de protección de los usuarios, la regulación de la publicidad y la prevención del acceso de menores al juego.

El modelo contempla herramientas como los mecanismos de autoexclusión, los límites de depósito y las pausas temporales, además de obligaciones específicas para los operadores autorizados. La licencia debe permitir identificar a las empresas que operan legalmente en el país.

Un modelo con similitudes con España

La estructura presenta paralelismos con el sistema español, en el que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) centraliza la autorización y supervisión del juego online de ámbito estatal. Ambos modelos se apoyan en un régimen de licencias y en instrumentos de protección de los jugadores.

La principal diferencia se encuentra en la trayectoria de ambos sistemas. España cuenta con un marco regulatorio consolidado desde hace más años, mientras que Irlanda se encuentra todavía en una fase inicial de despliegue de su nueva autoridad y de aplicación de la reforma.

La evolución del modelo irlandés permitirá comprobar cómo se trasladan las nuevas obligaciones a la actividad diaria de los operadores y qué resultados obtiene el organismo supervisor en materia de control del mercado y protección de los usuarios.