La audiencia, convocada en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 8.027, reunió a representantes del Gobierno, la Fiscalía, clubes deportivos y organizaciones vinculadas a la industria de las apuestas. La medida provisional, impulsada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, prohíbe la explotación y publicidad de las apuestas de cuota fija y contempla el cierre de las autorizaciones concedidas a las empresas del sector.
Durante la apertura, Luiz Fux manifestó que había llegado a la conclusión de que la adicción al juego constituye un problema de salud pública y económico y que debería prohibirse en el ámbito deportivo nacional. El magistrado señaló, no obstante, que el pleno deberá ponderar distintas cuestiones, entre ellas la seguridad jurídica y el posible retraso en los efectos de una eventual resolución judicial.
El Gobierno defiende la prohibición
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, y el abogado general de la Unión, Jorge Messias, defendieron la medida del Ejecutivo y expusieron sus argumentos sobre las consecuencias sociales y económicas de las apuestas.
Messias cifró en 220.000 millones de reales los depósitos realizados en las plataformas durante 2025 y en 36.900 millones de reales los ingresos de los operadores. Asimismo, solicitó la celebración de una nueva audiencia con participación de organizaciones de la sociedad civil.
El presidente Lula también animó a la ciudadanía a seguir el debate a través de sus redes sociales y defendió que «la protección del pueblo brasileño debe ser lo primero».
Flamengo y Fluminense cuantifican el impacto económico
Los representantes de los clubes de fútbol pusieron el foco en las consecuencias que tendría la prohibición para sus ingresos, contratos de patrocinio y actividad deportiva.
Flávio Willeman, vicepresidente general del Flamengo, estimó que el club podría perder alrededor de 430 millones de reales al año. También cuestionó la eficacia de la medida para frenar las apuestas ilegales y advirtió de que la desaparición de los operadores autorizados podría debilitar los mecanismos de control del mercado.
Por su parte, el representante del Fluminense situó en 200 millones de reales anuales el impacto económico para la entidad. Durante su intervención, alertó de las consecuencias que la pérdida de ingresos podría tener sobre el empleo y la financiación de la actividad deportiva.
Otros clubes también expusieron sus preocupaciones. Representantes del Botafogo, Cruzeiro, São Paulo y Corinthians señalaron los riesgos para los contratos de patrocinio, los compromisos financieros y la financiación de categorías inferiores y del fútbol femenino. Entre las propuestas planteadas figuró la posibilidad de establecer un periodo de transición que permita adaptar los acuerdos vigentes a la nueva situación.
Las asociaciones del sector, convocadas para la sesión de tarde
La audiencia tenía previsto continuar durante la tarde con las intervenciones de las organizaciones vinculadas al mercado de apuestas, entre ellas la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR).
El debate se desarrolla mientras el Supremo analiza la constitucionalidad de la medida provisional, cuestionada por la ANJL, que ha solicitado su suspensión y el reconocimiento de la validez del marco legal que regulaba las apuestas de cuota fija en Brasil. La misma norma también ha sido impugnada en otras acciones judiciales ante el tribunal.
La audiencia pública permitirá incorporar las posiciones de los distintos sectores afectados, pero no supone por sí misma una decisión sobre la validez de la prohibición. La resolución sobre la medida corresponderá al Supremo en el procedimiento judicial.
