Luiz Inácio Lula da Silva ha conseguido un cuarto mandato presidencial tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas del 25 de octubre, con el 51,79 % de los votos válidos. Sin embargo, su victoria llega en plena controversia por una de las decisiones más drásticas de su Gobierno en materia económica: la prohibición de las apuestas de cuota fija y los juegos online, que ha desmantelado de forma abrupta el mercado regulado del país.
La medida provisional 1.394/2026, firmada por Lula el 25 de septiembre, prohibió la explotación, oferta, intermediación y publicidad de estas actividades. Desde el 6 de octubre, las plataformas autorizadas tuvieron que dejar de operar y retirar sus páginas web y aplicaciones del mercado brasileño. La prohibición también alcanza a las autorizaciones estatales y distritales, aunque no afecta a otras modalidades de lotería permitidas por la legislación.
2.550 millones de reales sin devolución
Uno de los aspectos más controvertidos de la decisión es su impacto sobre la seguridad jurídica y las inversiones. Brasil había concedido 85 autorizaciones federales, por las que las empresas abonaron 30 millones de reales cada una, hasta sumar 2.550 millones de reales.
Pese al cierre de las operaciones, el Gobierno sostiene que la extinción de las autorizaciones responde a razones de interés público y que no existe derecho a recuperar el importe de las licencias ni a recibir indemnizaciones por las inversiones realizadas o por las expectativas de continuidad del negocio.
La decisión plantea una cuestión de fondo para el mercado: qué garantías tienen los operadores que han obtenido una autorización, abonado las tasas correspondientes y desarrollado su actividad conforme al marco regulatorio vigente cuando el poder ejecutivo decide poner fin a todo el modelo.
El impacto no se limita a las compañías. La prohibición también altera las condiciones de un mercado que había avanzado hacia la regulación y la fiscalidad de las apuestas online, y obliga a replantear las relaciones comerciales vinculadas a esta actividad.
El futuro de la prohibición, en manos del Congreso y del Supremo
La continuidad de la medida provisional está pendiente de su tramitación parlamentaria. El Congreso deberá decidir si la convierte en ley, introduce modificaciones o permite que pierda vigencia conforme a los plazos constitucionales. Entre las cuestiones en disputa figura el alcance de la prohibición y la posibilidad de sustituirla por un modelo más restrictivo, pero que permita operar a determinadas casas de apuestas.
Paralelamente, la medida ha llegado al Supremo Tribunal Federal (STF). Asociaciones del sector han cuestionado su aplicación y han solicitado que se suspenda, alegando, entre otros argumentos, la falta de urgencia que justificaría recurrir a una medida provisional. La decisión judicial puede resultar determinante para el futuro inmediato de la actividad.
Protección del jugador o eliminación del mercado regulado
El Gobierno brasileño ha defendido su decisión en el contexto de la preocupación por el endeudamiento de los hogares y los problemas relacionados con el juego. Sin embargo, la respuesta elegida no consiste en modificar las condiciones de acceso, reforzar los controles o endurecer las obligaciones de los operadores autorizados, sino en prohibir de forma generalizada las apuestas de cuota fija y los juegos online.
La controversia reside precisamente en esa elección: ¿puede justificarse la protección del consumidor mediante la eliminación de un mercado regulado completo, sin compensar a las empresas que pagaron por sus licencias ni garantizar la continuidad del marco bajo el que invirtieron?.
La reelección de Lula no resuelve este conflicto. Por el momento, el mercado permanece cerrado y las empresas afrontan un escenario de incertidumbre regulatoria y económica. El Congreso y el Supremo tendrán que pronunciarse sobre una decisión que enfrenta los objetivos de protección social del Gobierno con las reclamaciones de seguridad jurídica y previsibilidad normativa del sector.
