Cejuego ha trasladado al Ministerio de Consumo sus críticas por las diferencias regulatorias entre las empresas privadas de juego, la ONCE y Loterías. Su director general, Alejandro Landaluce, sostiene que los operadores públicos cuentan con condiciones más permisivas y denuncia posibles deficiencias en los controles para impedir el acceso de menores y personas inscritas en registros de autoprohibición.
La patronal considera que las restricciones publicitarias introducidas en 2020 han generado una desigualdad competitiva y reclama que las obligaciones se apliquen con criterios equivalentes a todo el mercado. Además, advierte de que las limitaciones al juego legal pueden favorecer la expansión de plataformas clandestinas, cuyos ingresos superarían los 230 millones de euros en España, según el informe de JDigital citado en la información.
Cejuego pide, por tanto, reforzar la protección de los usuarios y la lucha contra la oferta ilegal sin establecer diferencias regulatorias entre operadores públicos y privados.
