La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha ampliado su ofensiva legal para defender su jurisdicción sobre los mercados de predicción al presentar una demanda contra el estado de Nuevo México, después de que las autoridades estatales actuaran contra Kalshi por presuntamente ofrecer apuestas deportivas ilegales.
La acción judicial de la CFTC se dirige contra la gobernadora Michelle Lujan Grisham, el fiscal general Raúl Torrez y miembros de la Junta de Control de Juegos del estado. El organismo federal busca impedir que Nuevo México aplique su legislación de juego a los contratos de eventos registrados bajo supervisión de la CFTC.
El conflicto comenzó el pasado 4 de junio, cuando Nuevo México demandó a Kalshi al considerar que la compañía ofrece apuestas deportivas sin licencia a residentes del estado. Según la denuncia, los contratos deportivos comercializados por la plataforma funcionan de manera equivalente a las apuestas deportivas tradicionales.
Además, las autoridades estatales sostienen que Kalshi habría permitido el acceso a usuarios de entre 18 y 20 años, una franja de edad inferior a la edad mínima de 21 años exigida para participar en actividades de juego reguladas en Nuevo México.
Con esta nueva demanda, Nuevo México se convierte en el octavo estado involucrado en el enfrentamiento entre la CFTC y reguladores estatales. Anteriormente, la agencia federal ya había emprendido acciones similares frente a medidas adoptadas en Rhode Island, Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Arizona, Connecticut e Illinois.
En su argumentación, la CFTC sostiene que los contratos de eventos comercializados por Kalshi constituyen «swaps» regulados por la legislación federal sobre mercados de materias primas y derivados. Asimismo, defiende que Kalshi opera como un Mercado de Contratos Designado (DCM), por lo que estaría sujeto a la jurisdicción exclusiva del regulador federal.
El caso refleja la creciente disputa en Estados Unidos sobre la naturaleza jurídica de los mercados de predicción, una actividad situada entre las apuestas deportivas, los derivados financieros y los contratos sobre eventos futuros, cuya regulación sigue generando tensiones entre autoridades estatales y federales.
