La Policía detuvo el 28 de noviembre a cuatro integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a la extorsión en salones de juego de Sevilla. La banda estaba compuesta por dos hombres y dos mujeres, que amenazaban a los gerentes y responsables de estos negocios. La operación la han desarrollado los agentes del área de Juego y Espectáculos Públicos de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, conocida como Policía Autonómica.
Según informó este martes la Consejería andaluza de Presidencia, la intervención policial se inició por la investigación de una denuncia interpuesta precisamente por uno de los detenidos, en la que denunciaba su entrada, supuestamente irregular, a un salón de juego. Finalmente, este individuo acabó puesto a disposición judicial, acusado de ser el principal promotor de la trama fraudulenta ahora desmontada.
La Junta de Andalucía cuenta con un registro en virtud del cual cualquier persona, fundamentalmente con problemas de adicción al juego, puede solicitar su inscripción para su control de acceso a establecimientos de juego. Y es ahí, precisamente, donde radica la esencia de la presunta actuación delictiva de estas cuatro personas, a las que también se les imputa su pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos, mediante la presentación de documentación personal falsa o perteneciente a terceros, conseguían el acceso a estos salones de juego y posteriormente amenazaban a los responsables por permitir la entrada a usuarios supuestamente inscritos en el registro de personas con problemas de adicción al juego y exigían el pago de hasta 30.000 euros para no interponer una denuncia.
La participación premeditada de los detenidos, el reparto de funciones entre los mismos o la ejecución de un plan preconcebido mantenido en el tiempo desde el pasado año, argumentan la imputación de pertenencia a grupo criminal. Además, varios componentes de esta banda ya fueron investigados por otras unidades policiales en su día por actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, fraude y usurpación de estado civil.
En todo caso, la investigación continúa abierta y no se descarta que el número de perjudicados aumente en las próximas semanas. diariodesevilla
