La asociación BAGO ha mostrado su respaldo al proyecto de ley impulsado por Jean-Marie Dedecker, que plantea restaurar la deducibilidad fiscal de los impuestos regionales sobre el juego, una medida que consideran clave para garantizar la viabilidad del sector regulado en Bélgica.
Según la organización, los operadores legales soportan actualmente una carga fiscal efectiva de hasta el 70%, una situación que contrasta con la de los operadores ilegales, que actúan fuera del marco normativo y ya concentran el 67% del tráfico en los principales sitios de juego del país.
Desde BAGO advierten que esta problemática trasciende el ámbito fiscal, ya que afecta directamente a la protección del jugador, la canalización hacia operadores regulados y la sostenibilidad económica del sector, que genera alrededor de 16.000 empleos en Flandes y contribuye a los ingresos de diversas administraciones locales.
En este contexto, la asociación reclama no solo la recuperación de incentivos fiscales, sino también un refuerzo en la lucha contra el juego ilegal y el reconocimiento de los operadores autorizados como actores esenciales dentro del ecosistema regulado.
