POR JULIÁN PÉREZ, VICEPRESIDENTE DE EJUVA
El debate regulatorio sobre el juego presencial en España no puede despacharse con generalidades. La competitividad de las empresas operadoras depende estrictamente de las definiciones técnicas que cada comunidad autónoma otorga a los subtipos de máquinas Tipo B (recreativas con premio) y de las facilidades físicas que concede para su despliegue comercial. Mientras el tejido empresarial valenciano —compuesto en gran medida por pequeñas salas de arraigo familiar— busca fórmulas para subsistir, los marcos normativos de Madrid, Cataluña y Andalucía, a modo de ejemplo, evidencian que es posible ordenar el juego adaptándolo a la realidad de los locales con flexibilidad y perspectivas.
El pulmón tecnológico de las salas de bingo: Un refundido de éxito.
Las CC.AA. de Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña configuran las salas de bingo como verdaderos centros de ocio integrales. Lo hacen combinando contingentes estables, flexibilidad de catálogo y límites basados de forma lógica en la superficie del local, permitiendo que las empresas, equilibren sus balances:
• Andalucía y su potencia multipuesto: Autoriza un límite fijo de un máximo de 9 máquinas B1 tradicionales por sala, un máximo de 3 grandes unidades multipuesto del tipo B3 y deja el volumen de las máquinas Tipo B4 (basada en juegos de bingo) sin un límite numérico fijo, supeditado exclusivamente a la superficie útil real.
• Comunidad de Madrid y su alta densidad: Ampara la explotación de hasta 30 máquinas en total (subtipos B1, B2 y B3) por establecimiento, limitando las del tipo B2 a un máximo de 10 unidades y exigiendo una superficie mínima de 2 metros cuadrados por puesto para garantizar un entorno seguro y cómodo para el cliente.
• Cataluña y la flexibilidad por superficie: Vincula la asignación de terminales directamente a los metros cuadrados útiles destinados al público, eliminando topes arbitrarios generales en salas de grandes dimensiones y permitiendo la interconexión local para ofrecer atractivos premios acumulados.
La realidad de la comunidad valenciana: Oportunidades de actualización.
Frente a la flexibilidad física y técnica de las citadas Comunidades, la nuestra presenta un marco normativo que ofrece interesantes vías de desarrollo y mejora para el futuro de nuestro subsector. Dentro del Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Valenciana, aprobado bajo el Decreto 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, existen herramientas conceptuales diseñadas originalmente para la modernización de los locales que aún aguardan su pleno despliegue práctico.
El articulado del Reglamento se redactó con la intención de permitir a las salas de bingo optimizar sus instalaciones destinando un porcentaje de su superficie útil a otros formatos de juego y combinaciones de máquinas y terminales adicionales. El objetivo original era aproximar el modelo valenciano hacia los formatos polivalentes que hoy en día sostienen mejores resultados económicos en el resto de España. En pocas palabras, “mirando al futuro”.
Sin embargo, debido a la falta de un desarrollo técnico posterior y a las complejidades administrativas acumuladas a lo largo de la última década, este apartado no ha tenido aplicación en la práctica comercial y esto es vital para las salas medianas y pequeñas, ya que la posibilidad de adecuar y rentabilizar de forma ágil cada metro cuadrado del local sigue siendo una asignatura pendiente que genera costes fijos de mantenimiento sobre superficies que admiten una mayor optimización. Argumentos, haberlos, haylos:
• El argumento fiscal (Lucro cesante): El inmovilismo normativo no protege a la ciudadanía, solo destruye ingresos públicos en concepto de tasas de juego que podrían destinarse a sanidad, asuntos sociales o educación.
• La Paz Social y el empleo: No es una petición de beneficios empresariales; es una demanda conjunta con la representación sindical y las plantillas del subsector.
• El efecto «Efecto Frontera» (Competitividad): Mientras la Comunidad Valenciana mantiene una losa de 10 años sin actualizar su normativa, las autonomías vecinas se modernizan. El capital y los clientes valencianos se desplazan a regiones con marcos regulatorios más atractivos.
• El derecho a la igualdad real: La justicia emana de la igualdad ante la ley, un derecho que hoy no es tenido en cuenta en lo que concierne a nuestro subsector, debido al inmovilismo regulatorio. No exigimos privilegios, exigimos el cumplimiento estricto para que la Comunitat Valenciana no sufra un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas.
El pragmatismo como punto de encuentro.
El sector del bingo valenciano siempre ha apostado por el diálogo constructivo con el Consell, buscando la colaboración en lugar de la confrontación. Aunque la Administración históricamente no siempre ha mostrado la misma sensibilidad, nos encontramos en el momento idóneo para que dé un paso al frente. Es fundamental un apoyo firme a este tejido empresarial, motor del empleo y contribución de tasas e impuestos. Por ello, este análisis comparativo se presenta como una invitación abierta, sincera y constructiva a la reflexión conjunta.
El camino hacia la viabilidad no requiere de medidas drásticas ni de una desregulación compleja, sino de pequeños gestos de flexibilidad administrativa y pragmatismo económico. Coloquialmente, retoques de chapa y pintura. Activar de manera real y efectiva las herramientas que la propia Generalitat diseñó en el Decreto 62/2015, permitiendo la explotación ordenada de la superficie útil de las salas, sería un primer paso extraordinario.
Aprender de los aciertos técnicos de Andalucía, Madrid o Cataluña es una oportunidad idónea para equilibrar las garantías de juego responsable y la seguridad jurídica corporativa.
La Administración dispone de toda la información y las reivindicaciones del subsector. Es el momento de deliberar y pasar a la acción legislativa, implementando las herramientas que permitan equiparar a las empresas de nuestra Comunidad con las del resto del territorio español, aunque lo ideal, si hablamos de futuro, sería mejorarlas, habida cuenta de los grandes periodos huérfanos de actualización normativa. Esta reclamación no responde a un interés unilateral, sino a una alianza estratégica en la que empresarios y sindicatos aunamos nuestra petición en una sola voz, convirtiendo este planteamiento en el resultado directo del consenso y el diálogo social.
El éxito de este esfuerzo conjunto depende de que la administración legisle sin complejos, actuando con responsabilidad, amplitud de criterio y visión estratégica para abordar la realidad del subsector del bingo desde un enfoque estrictamente económico, laboral y de competitividad territorial. Pasar a la acción es indispensable para dotar de estabilidad a las salas de bingo de nuestra Comunidad y construir un horizonte de futuro viable y competitivo.
Si me lo permiten, diré que es precisamente esa falta de complejos la que debe resolver la otra gran asimetría del marco actual, un agravio comparativo que obliga a poner el dedo en la llaga de la propia incoherencia de la actual Ley del Juego. Por un lado, la Ley adopta un enfoque punitivo y de máxima restricción hacia el sector profesional, suspendiendo nuevas autorizaciones de establecimientos, congelando licencias de explotación de máquinas e imponiendo distancias. Por otro, el mismo texto legal considera de carácter meramente «social o amistoso» el juego del bingo en asociaciones de mayores de 65 años o centros de discapacidad, a la vez que despenaliza la actividad fuera del tejido empresarial. Otra irregularidad asimétrica: el juego del bingo es el juego más blando de los autorizados y, sin embargo, el que mayor carga fiscal tiene que soportar. Una vez más, cara y cruz. El quid de la cuestión es que siempre nos toca la cruz.
Esta dualidad es insostenible: pretender que los empresarios de bingo son un peligro público, pero el juego que gestionan y comercializan es un bálsamo social, es un reprochable contrasentido que obliga al sector a comulgar con ruedas de molino. Asistimos a una paradoja flagrante donde la legislación, por un lado, ensalza el valor del bingo, reconociendo su utilidad social y blindándolo de restricciones en el ámbito asociativo, mientras que, por el otro, abandona a su suerte al sector regulado, condenándolo a la parálisis normativa a pesar de garantizar la seguridad jurídica, el control riguroso de accesos, la protección de los vulnerables y el empleo estable.
Pasar a la acción es indispensable para dotar de estabilidad a las salas de bingo y construir un horizonte de futuro viable y competitivo. A través de este espacio común de entendimiento entre la patronal y la representación de los trabajadores, se hace patente la necesidad urgente de sentar las bases de lo que se quiere que sean las salas de bingo en la próxima década. Arrastrar más de 10 años sin actualizaciones legislativas constituye una losa muy pesada que el sector no puede aguantar por más tiempo, comprometiendo tanto la viabilidad de las inversiones como la seguridad de miles de puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.
La encrucijada histórica y el valor de decidir.
La historia regulatoria de nuestro sector se escribe día a día a través de las decisiones y también a través de la inacción de quienes ostentan su dirección y tutela institucional. Los actuales rectores del juego se encuentran ante una oportunidad histórica: la de figurar en la crónica de este subsector como meros observadores pasivos de un declive evitable, o bien como los gestores con altura de miras que supieron acometer la reforma técnica y estructural que las salas de bingo demandan con urgencia. La acción legislativa no es solo una necesidad de mercado; es la llave para consolidar un legado de viabilidad, empleo y modernización territorial. Abrigamos la firme convicción de que la actual autoridad reguladora del juego sabrá hacer valer su visión de futuro y su compromiso con la equidad.
En materia de desarrollo normativo, no hay neutralidad posible: la inactividad también redacta la historia.
Continuamos para bingo …
