La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a dos iniciativas legislativas que afectan de forma directa al sistema tributario autonómico y, de manera específica, a los tributos vinculados al juego, dentro de una estrategia orientada a reforzar la seguridad jurídica y modernizar la administración pública.
Nueva ley para reforzar la relación entre contribuyentes y administración
Por un lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que inicia ahora su tramitación en la Asamblea de Madrid.
Esta normativa se aplicará a los tributos cedidos por el Estado que gestiona la comunidad, entre los que se incluyen figuras fiscales como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y los impuestos relacionados con el juego.
El Ejecutivo regional sostiene que la finalidad de esta reforma es mejorar la seguridad jurídica de los ciudadanos, agilizar los trámites fiscales y facilitar una relación más transparente y accesible con la administración tributaria.
Herramientas digitales y mayor transparencia
Entre las principales novedades del texto destaca la creación de una carpeta fiscal personalizada, que permitirá a los contribuyentes consultar de forma actualizada el estado de sus expedientes y su información tributaria.
Asimismo, la norma apuesta por simplificar el lenguaje administrativo y diseñar formularios más claros, con el objetivo de reducir la complejidad en la gestión de obligaciones fiscales.
También se prevé la sustitución de la figura actual del Defensor del Contribuyente por una Oficina de Defensa del Contribuyente, que centralizará la atención de reclamaciones, incidencias técnicas y quejas relacionadas con la gestión tributaria.
Revisión periódica de las normas autonómicas
En paralelo, el Gobierno regional ha aprobado un decreto que establece un sistema de evaluación continua del marco normativo autonómico. A partir de su entrada en vigor, las disposiciones legales deberán revisarse, con carácter general, cada cuatro años para valorar su eficacia y adaptación al contexto económico y social.
Además, los reglamentos organizativos tendrán una vigencia limitada de cinco años, tras los cuales deberán ser evaluados para su posible renovación, modificación o derogación.
Más agilidad administrativa y simplificación de procedimientos
El nuevo modelo también contempla medidas para reducir la carga burocrática, entre ellas la ampliación de los supuestos de silencio administrativo positivo, de modo que determinadas solicitudes puedan considerarse aprobadas si la administración no responde en plazo.
Por último, se incorpora un procedimiento abreviado para la elaboración de determinadas normas, con el objetivo de agilizar su tramitación y reducir los tiempos de aprobación en casos de menor complejidad.
