El proyecto de decreto del juego impulsado por la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo escenario de debate entre los distintos actores del sector, evidenciando la dificultad de conciliar intereses contrapuestos.
Por un lado, asociaciones dedicadas a la prevención de la ludopatía reclaman medidas más restrictivas para reforzar la protección frente al juego problemático. En el extremo opuesto, cerca de medio centenar de hosteleros y empresarios del sector han presentado alegaciones solicitando la retirada de una de las principales medidas: la prohibición de conceder nuevas licencias de máquinas recreativas tipo B en establecimientos de hostelería.
Los firmantes critican que el texto propuesto introduce limitaciones que consideran “excesivas”, alertando de posibles consecuencias económicas negativas y cuestionando la seguridad jurídica de la norma. En sus alegaciones, registradas a través de la plataforma GVA Oberta, sostienen que la medida no estaría suficientemente justificada.
En este sentido, argumentan que tanto el número de máquinas como la incidencia del juego problemático han mostrado una tendencia descendente en los últimos años bajo la regulación actual. Además, señalan que este tipo de máquinas ocupa una posición minoritaria en las preferencias de los jugadores, con un peso reducido dentro del conjunto del sector.
Los empresarios también apuntan a comparativas territoriales para defender su postura, indicando que la Comunitat Valenciana no se sitúa entre las regiones con mayor densidad de máquinas por habitante.
Ante este escenario, advierten de un posible conflicto jurídico si la norma sigue adelante sin modificaciones, al considerar que podría afectar a derechos como la libertad de empresa.
El proceso de alegaciones continúa abierto, en un contexto en el que la Administración deberá equilibrar los objetivos de protección social con la viabilidad de la actividad económica vinculada al juego.
