En Países Bajos, el Parlamento estudia una de las medidas más radicales vistas hasta ahora en Europa: prohibir completamente la publicidad del juego online. Una propuesta que, paradójicamente, ha encontrado oposición en el propio regulador.
Las diputadas Mirjam Bikker (Unión Cristiana) y Sarah Dobbe (Partido Socialista) han impulsado un proyecto que plantea prohibición total de la publicidad del juego online; multas de hasta el 100% de la facturación anual; mayor facilidad para retirar licencias y ampliación de los periodos de autoexclusión.
Todo ello en un contexto político cada vez más restrictivo hacia el sector, reforzado por el nuevo gobierno de coalición constituido a finales de febrero.
Sin embargo, la Kansspelautoriteit (KSA), autoridad reguladora del juego en el país, ha advertido públicamente de los riesgos de esta estrategia.
Su presidente, Michel Groothuizen, lo resume con un dato revelador: cada mes circulan más de 60.000 anuncios de juego en redes sociales como Facebook e Instagram en el país, pero menos de 2.000 corresponden a operadores legales.
La conclusión es clara: prohibir la publicidad podría silenciar al 3% que cumple las normas, dejando el terreno libre al 97% de operadores ilegales. En otras palabras, una medida diseñada para proteger al jugador podría acabar aumentando su exposición a entornos no regulados.
Lo relevante no es solo el contenido de la propuesta, sino quién lanza la advertencia: el propio regulador encargado de velar por la protección del usuario.
El debate, por tanto, trasciende lo ideológico y entra de lleno en la eficacia regulatoria. Los próximos meses serán clave para comprobar si el legislador atiende a estas señales o prioriza el gesto político frente al impacto real.
En cualquier caso, lo que ocurra en Países Bajos marcará tendencia en el debate europeo sobre el futuro de la regulación del juego online.
