El reciente Reglamento General de los Juegos y Apuestas de Navarra ha suscitado un intenso debate entre los grupos parlamentarios, reflejando preocupaciones sobre su impacto en el sector y su posible inseguridad jurídica. Entre las normativas incluidas, se destacan el control de accesos a salones de juegos y casas de apuestas, la obligación de identificación para el uso de máquinas de apuestas en locales de hostelería, la desactivación de estas máquinas cuando no están en uso, la armonización de horarios de los locales y la prohibición de establecer nuevos locales a menos de 400 metros de centros educativos.
Marta Alvárez, parlamentaria de UPN, expresó su inquietud señalando que, a pesar de ser un decreto necesario y con un amplio consenso, su aprobación ha generado un clima de incertidumbre que podría llevar a su impugnación. Criticó que se hubiera aprobado en contra de la opinión del Consejo de Navarra y de la mayoría de los grupos en la Cámara.
Por otro lado, Irene Royo, del PPN, calificó el reglamento como «viciado y perverso», argumentando que aún quedan aspectos sin resolver y que algunas decisiones parecen contradictorias. Afirmó que se ha perdido una oportunidad para implementar un reglamento más equilibrado y razonable.
Estas posturas indican una clara división en la interpretación y aceptación del nuevo reglamento, así como un desafío en la búsqueda de un equilibrio entre la regulación del juego y la protección de los ciudadanos, especialmente los jóvenes.
