Fernando Martín (Loyra Abogados) y Santiago Asensi (Asensi Abogados) dan su punto de vista sobre la legislación de las máquinas recreativas en España

| 1 de septiembre de 2023
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“Juegue. Avance. Uno, dos, tres. ¡Premio!”. El soniquete de las tragaperras se ha convertido en parte indisoluble de la banda sonora de los bares, restaurantes y cafeterías del país. Es posible, sin embargo, que cada vez sea más difícil escucharlo. La razón es que algunas comunidades autónomas, preocupadas por el coqueteo de los menores con el mundo de las apuestas, quieren poner coto al acceso a los juegos de azar en la hostelería. Baleares, por ejemplo, se ha marcado como objetivo para 2025 acallar los cantos de las 5.000 máquinas recreativas tipo B, las conocidas como tragaperras, que hay en sus islas. En modo durmiente, estas máquinas no podrán emitir sonidos, destellos luminosos, colores, ni ningún estímulo que atraiga a potenciales jugadores. En sustitución, mostrarán un mensaje sobre los peligros de la ludopatía.

Las 140.792 máquinas tipo B que hay activas en España consiguieron una recaudación de 2.252 millones de euros, según los últimos datos del sector. Sin embargo, el control de este notable negocio en nuestro país es difuso. Y avanza a distintas velocidades. Una maraña de leyes autonómicas y reglamentos regulan cuestiones dispares sobre el funcionamiento de estos juegos, como la frecuencia con la que deben dar premio, los controles para vigilar que el sistema no está trucado, el control de acceso a menores o los límites de su publicidad. Leer noticia completa en elpais

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