Comunicado de FEMURE
ANTE LAS DECLARACIONES DE ALGUNOS RESPONSABLES POLÍTICOS SOBRE CÓMO AFECTAN LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS A DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS.
Ante las declaraciones de algunos responsables políticos sobre cómo afectan las medidas restrictivas aplicadas a diferentes sectores económicos, la Federación Murciana del Recreativo, que agrupa a las principales empresas que gestionan el sector del juego privado en la Región de Murcia, quiere manifestar que:
- Nuestro sector también está sufriendo las consecuencias económicas y sociales que provoca la limitación de actividad que establecen las medidas dirigidas a contener la pandemia. En nuestros centros se realizan dos actividades complementarias pero independientes y que están reguladas de forma distinta en función de su realidad: hostelería y juego. Ambas se han visto afectadas desde el inicio por las restricciones impuestas en cada momento, incluyendo el cierre completo.
- A la parte de hostelería, por la aplicación de las medidas dirigidas a este sector, que nos han obligado a limitar o, como es el caso ahora, a suspender ese servicio por lo que actualmente no se sirven comidas ni bebidas en los locales. En la parte de juego, por las medidas dirigidas a establecimientos comerciales y que tienen que ver con la limitación del aforo, que se ha visto reducido desde un 30 a un 75% en función del nivel de alerta en el que se encuentre el municipio.
- Todo ello a pesar de que los datos oficiales indican que los principales focos de contagio no se producen en estos espacios ya que están muy controlados y en los que se aplican todos los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las autoridades sanitarias como el uso de mascarilla, distancia de seguridad entre clientes, prohibición de grupos, limpieza y desinfección constante de las instalaciones y aforos limitados. Los establecimientos de juego se someten a inspecciones periódicas en las que se controlan estas medidas y en las que destacan un cumplimento riguroso de las mismas.
- Por tanto, no entendemos que, conociendo los efectos económicas y en cuanto a empleo que eso tiene para cualquier sector, representantes públicos pueden solicitar la paralización total de una actividad empresarial que, como otras que siguen funcionando, cumple con todas las recomendaciones y exigencias sanitarias.
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