Es la pregunta que se formulan miles de ciudadanos tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas que anuncian cambios de gobiernos. Y entre ésos ciudadanos están los empresarios y trabajadores del sector del juego. Que en Comunidades tan importantes como la Valenciana, Aragón o Baleares han experimentado con los ejecutivos anteriores retrocesos en materia normativa o simplemente no han avanzado en ningún sentido.
Se abre por tanto un nuevo ciclo político en los citados territorios y en otros en los que también se ha producido un vuelco electoral. Un ciclo sobre el que resulta prematuro anticipar valoraciones pero del que cabe esperar, cuanto menos, un diálogo más fluido entre las respectivas administraciones y los agentes sociales que ostentan la representatividad del juego. Un ciclo donde se acierte llegado el momento de dialogar y escuchar, de acabar con demonizaciones y falsos prejuicios, de propiciar un acercamiento y abrir la puerta de la normalidad a las relaciones de los gobiernos con el sector.
En las comunidades anteriormente citadas los extremismos de izquierdas, como ha venido sucediendo en la mayoría de territorios, le han declarado una guerra sin cuartel al juego. Imponiendo sus conceptos ideológicos por encima de cualquier razonamiento y apoyando sus tesis contrarias a la industria en base a manipulaciones o fragrantes falsedades.
Estos tratamientos que tanto daño han causado a la imagen y al normal desarrollo de los negocios, que se han visto seriamente lastrados, propiciando en no pocos casos numerosos ceses, es de esperar que no sólo se modifique sino que cambie en lo sustancial. Al menos ésa es la confianza que late ahora mismo en el corazón de la mayoría del sector del juego. Que a la pregunta de ¿ahora qué ?, aguarda una respuesta positiva para que la industria pueda seguir funcionando bajo unos parámetros de normalidad que permitan a las empresas actuar sin amenazas ni sobresaltos. Que, bien mirado, no es pedir tanto.
