Ayer hablaba de la Comunidad de Madrid y de la ampliación de horarios que el gobierno de la presidenta Ayuso ha hecho en favor de hostelería y ocio. El mismo día que dábamos ésa noticia saltaba otra en Valencia que es el reverso de la medalla. El Ayuntamiento de la ciudad, presidido por el comunista Joan Ribó, que asegura que ya no es comunista, aprobó una ordenanza municipal que restringe la apertura de bares en la capital, imponiendo una distancia de 30 metros entre los mismos.
La reacción ante el anuncio no se hizo esperar y Fidel Molina, en nombre de SOS Hostelería, cargó con dureza contra la decisión declarando “que imponer medidas restrictivas de forma arbitraria atenta contra las normas de libre competencia.”
Ni el gobierno del Botánico en su momento ni el Ayuntamiento de Valencia ahora se han mostrado muy dúctiles que digamos con la hostelería y el ocio. Más bien ha sido todo lo contrario. Lo que sí han puesto de manifiesto ha sido una escasísima sensibilidad para atender a ambos sectores en sus peticiones de flexibilidad para tratar de sacar adelante sus negocios que han sido golpeados en materia económica con extrema dureza. Y, como puede comprobarse por las últimas noticias a las que hacemos mención, el municipio de la capital persiste en la línea de castigo a la hostelería, ya de hecho muy zurrada.
Frente a las administraciones que otorgan facilidades a la hostelería para que remonte el vuelo mediante decisiones de corte liberal está la otra cara de la moneda. Las que aplican las políticas intervencionistas de carácter autocrático que limitan o asfixian la marcha de la economía. El Ayuntamiento de Valencia protagoniza un ejemplo lamentable.
