En Cantabria se aumentó en ésta legislatura de 2 a 14 efectivos la dotación de los servicios de inspección y control del Juego. La consejería de Presidencia del gobierno autonómico informó al respecto que durante el último año se habían llevado a cabo 2.700 inspecciones en salones de juego y otras 6.500 en máquinas recreativas. Los datos indican que los encargados de la vigilancia sobre las actividades del juego se mostraron extremadamente celosos a la hora de desarrollar su labor y el número de visitas realizadas así lo confirma.
Lo que llama poderosísimamente la atención es que semejante despliegue controlador se ha saldado con dos sanciones en el ámbito del juego y más de medio centenar en espectáculos públicos por cuestión de horarios. Han leído ustedes bien: 2 únicas sanciones.
Inventarios de éstas naturaleza y sus resultados sirven para desmontar tanto bulo como circula sobre el juego, tanta demonización, tanta alarma alimentada por cierta clase política, de sobra conocida, que ha hecho del juego un recurso ideológico para descalificar un sector y denigrarlo sin base creíble para ello.
Son los políticos, aquí sin distinción de siglas, los que cuando se difunden datos como los registrados en Cantabria no se muestran en modo alguno partidarios de resaltar la importancia de la seriedad y responsabilidad de que viene haciendo gala el juego privado. En lo tocante a éste punto la clase política pasa de puntillas, sin comprometerse lo más mínimo. Si las sanciones hubieran sido múltiples en Cantabria los ataques contra el sector habrían arreciado. Siendo dos a pasar página y chitón. La jeta de la mayoría política respecto al juego es de cemento armado. No obstante: que tomen nota de Cantabria.
