Decíamos ayer que es tiempo de abogados para el juego. Y tras romper el fuego Juanjo Sánchez Colilla y Jesús Serrano Escudero anunciando reclamaciones ante los gobiernos central y autonómicos con la intención de resarcir al bingo de los daños ocasionados por las medidas del Covid-19 se han sumado otras voces de juristas para exponer a través de ANESAR sus criterios sobre la postura a adoptar por los salones en éste tema.
Pepe Vall declara “que no hay que tener complejos para pedir ayudas porque hemos sido perjudicados y lo seguimos siendo” y le asisten todas las razones al expresarse así. Porque la realidad es que el juego, en asuntos de menor entidad que el que abordamos ahora, nunca se ha desprendido de un complejo de inferioridad manifiesto frente a los poderes públicos, dando la impresión de abdicar de manera voluntaria de su condición de empresarios tan cualificados como los que más para la defensa de sus intereses. En una situación tan extrema como la que se está atravesando hay que desprenderse de cualquier complejo y entrar por derecho en la contienda jurídica.
Carlos Lalanda, abogado ducho en los asuntos del juego y en los que no lo son, admite las dificultades existentes para plantear la responsabilidad patrimonial del sector al tiempo que alienta en la impugnación de las tasas. En cualquier caso soy de los que piensa que quienes más facultados están para abordar jurídicamente ésta causa son los abogados que llevan años auscultando al sector, empapándose de sus leyes y singularidades, dando la cara por él y peleando a fondo para reparar arbitrariedades administrativas.
Los bufetes de postín no han perdido la oportunidad de brindar sus servicios al juego y están en su derecho. Particularmente no me dejaría deslumbrar por el brillo de nombres y despachos y me dejaría llevar por quien ha estado a mi lado en las verdes y en las maduras. Hay que decantarse por la elección en tiempo de abogados, capitulo dos.
