Cuando se produce una catástrofe que acaba con vidas y haciendas la reacción de la Administración debe ser rauda y tratando de paliar en la medida de lo posible los daños materiales ocasionados. Los otros, desgraciadamente, no tienen solución humana posible.
En éste sentido es digna de resaltar la sensibilidad de la Generalitat Valenciana respecto al juego y en ayuda de las empresas afectadas por la catástrofe. Fruto de ello ha sido la bonificación del cien por cien en la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte, envite o azar en la modalidad de las máquinas recreativas cuya explotación hubiera sido afectada por el temporal en la parte que corresponde a los días del período impositivo en que su explotación haya sido suspendida o dada de baja.
En cuanto respecta al bingo, la medida incide sobre los cartones que hayan quedado inservibles, dado que se han pagado por los mismos y admiten por ello la devolución del importe o el canje por otros cartones en idéntico número y valor facial.
Son dos casos de perjuicio evidente para los subsectores de máquinas y bingos en los que el gobierno autonómico ha sabido reaccionar con celeridad, consciente de que estos ambos han sido objeto de un grave deterioro en la marcha de sus negocios que se impone reparar sin tardanza en evitación de males mayores.
Cuando hablamos de celeridad ésta no debe circunscribirse a la publicación de la medida en el diario oficial. Tiene que hacerse patente llegado el momento de su implementación efectiva. Es decir a la hora de poner de manifiesto que la Administración es ágil y atenta cuando se trata de socorrer al damnificado. Sumergir al operador en el enmarañamiento de la burocracia sería en éste ocasión un fallo más que denunciable. Aquí hay que poner la quinta marcha e intentar reparar lo, en ocasiones, irreparable.
