En Aragón se han sucedido varios atracos a salones de juegos. AESA, la asociación que agrupa a 25 empresas que ostentan la titularidad de 100 establecimientos, ha denunciado los hechos y mostrado su preocupación por ésta escalada delictiva que siembra el miedo entre empleados y clientes. La patronal del subsector se ha puesto en contacto con las fuerzas policiales para tratar de atajar unos robos que representan un escollo grave más que añadir a los de carácter restrictivo que afectan al normal funcionamiento de los salones.
Con motivo de la tramitación de la Ley del Juego de Aragón AESA puso sobre la mesa la conveniencia de acabar en parte con la limitación de pagos distintos al efectivo. La petición, muy razonada, no fue tenida en cuenta y éste es sin duda un factor que contribuye a que los salones se conviertan en escenario de reiteradas fechorías.
Cuando el pago por medios electrónicos se está intensificando de manera ascendente e imparable en todos los ámbitos del comercio resulta chocante, por no decir indignante, que al juego se le pongan barreras para la implantación en sus locales de éstos sistemas. Es una discriminación más que debe de soportar el sector, que en el caso concreto de los salones es objeto de normativas cada vez más excluyentes que están provocando el cese de numerosos negocios.
No certifico que el aumento de los atracos a los salones de Aragón sea consecuencia directa de la limitación existente en cuanto a la utilización de medios electrónicos se refiere. Pero lo que sí digo es que el saber que en éstos locales lo que impera es el dinero contante y sonante es una llamada de atracción para los amigos de lo ajeno. Para las pandillas de facinerosos que son conscientes de que en los salones hay euros en metálico que invitan a la perpetración de fechorías. Situaciones de ésta naturaleza podrían si no evitarse al menos atenuarse. Pero la incomprensión o la tozudez política es así y posturas como éstas devienen en gravísimos perjuicios para el sector.
