Cristóbal Montoro, el caballero que nos tiene fritos a impuestos y que ha conseguido que las clases medias de éste país vean interrumpidos sus sueños por frecuentes pesadillas, anuncia reducciones impositivas para el juego online dentro del paquete de los presupuestos generales del Estado para 2018. Contempla una rebaja de cinco puntos, con la que el gobierno pretende atraer a nuevos operadores al mercado regulado.
El juego presencial, que en materia tributaria depende de sus haciendas autonómicas, lleva años desgañitándose, reclamando una fiscalidad basada en la sensatez, en la proporcionalidad respecto a los ingresos, en la equidad y no en el escandaloso atraco que sufren los operadores. Un atraco de guante blanco, sin pistolas ni pasamontañas de por medio, pero que deja las cajas de las empresas tiritando, apenas sin margen de beneficio, cuando lo hay, o en números rojos que suele ser habitual.
La tributación del juego presencial se fijó a lo bestia en la época inicial de la actividad, con decretazos que fueron sonados por lo que tenían de confiscatorios. Y que acabaron con muchas empresas. Cuando la fiscalidad pasó a las haciendas autonómicas éstas vieron el cielo abierto para seguir esquilmando al sector. Con un único propósito: recaudar si pararse en barras, con cálculos fallidos y la siguiente condena de numerosas empresas.
Los gobiernos autonómicos, al menos algunos, han entonado su mea culpa sobre la fiscalidad aplicada al juego presencial. Y han revisado y reducido sus porcentajes. Pero queda en ése sentido un largo trecho por recorrer. Hay que ir con urgencia a una tributación equilibrada, analizada por subsectores y valorando una serie de factores: volumen de ingresos, generación de empleo, capacidad de oferta, etc. Y en función de éste análisis actuar. De no hacerlo, el juego, con sus actuales servidumbres fiscales, irá debilitándose como negocio de manera gradual e imparable.
