Recuerdo que hace un puñado de años el bingo de Canarias estaba cansado de denunciar el desembarco de pandillas de piratas dedicados a la práctica del bingo ilegal. Proliferaban en las islas éstos chiringuitos con total descaro sin que a la Administración pareciera preocuparle demasiado. El bingo, el fetén, que había iniciado su descenso a los infiernos, veía como menguaban sus ventas a la carrera y además soportaba la competencia de unos indeseables.
En SECTOR y a instancia de los empresarios pusimos el grito en el cielo alertando sobre el daño causado por una peña de estafadores que perjudicaban, y mucho, a unos empresarios cumplidores cercados por todos lados. Se consiguieron abortar algunos de éstos negocios fraudulentos, el foco clandestino perdió intensidad pero se siguió cantando bingo pirata.
Por lo que hemos contado en SECTOR ahora son las apuestas deportivas las que funcionan ilegalmente en Canarias, concretamente se han citado casos de Las Palmas. Donde permanecen abiertos locales sin licencia y sin garantías de ningún tipo para los usuarios. Y lo hacen a pleno sol, desafiando las normas establecidas y hasta yo diría que con cierta chulería. Como diciendo: aquí estamos nosotros y quién tenga eso, que venga y nos corte el negocio.
Al ventilarse asuntos como los descritos hay que pronunciarse. No puede haber por un lado una Administración que extrema con todo rigor sus medidas controladoras sobre el juego que cumple y paga, y al que al menor desliz se le arrea estacazo sancionador, y por otro una Administración laxa, dubitativa y extremadamente lenta en sus reacciones para cortar de raíz y con contundencia los brotes de piratería en el juego. Porque eso se llama connivencia con los estafadores.
