Hasta los ayuntamientos, que no tienen competencias en materia de juegos, se han lanzado a la aventura de proponer medidas de control para los establecimientos de juego. Amparándose por norma en idéntica cantinela: preservar a los menores de posibles adicciones. Cuando está más que demostrado que el acceso de menores de edad a éste tipo de locales no registra el menor síntoma de preocupación social, porque de hecho existen los mecanismos necesarios para impedir que se produzcan situaciones de semejante naturaleza.
Pero aquí lo que importa es sumarse a la corriente imperante que ahora está por la demonización del juego, que es lo que vende periodísticamente y políticamente, porque los políticos viven de lo primero, del titular de prensa llamativo, del llamar la atención a costa de lo que sea, y lo del juego resulta facilón y encuentra con prontitud el eco social que se persigue, que es lo que pretenden quienes quieren dejar testimonio de su presencia apoyándose en denuncias alarmistas.
La paranoia municipal que viene aflorando en diversos ayuntamientos no es sino el reflejo de una política oportunista y demagógica, que olvida sus principales funciones para buscar la notoriedad fácil que va más allá de sus competencias. Ejercidas muchas veces por incompetentes declarados.
