¿ Es lógico y positivo que una buena parte de la política que se hace en nuestro país acabe sustanciándose en los tribunales de justicia ? Hombre, uno diría que éste no es precisamente el camino. Que cuando los asuntos que afectan a la ciudadanía y a la convivencia acaban en el juzgado es síntoma inequívoco de que algo funciona mal, de que las decisiones que se adoptan no gozan de la rigurosidad requerida, dando la impresión de que estamos en manos de políticos amateurs, de gente de medio pelo que no inspira la menor confianza en su gestión.
No tenemos que hacer mayor ejercicio de curiosidad que fijarnos en lo acontecido con motivo del Covid-19. En los decretos del gobierno central y en los dictados por las Comunidades Autónomas. Muchos de ellos se han visto recurridos por el gobierno contra las autonomías y viceversa. Y en los casos concretos de las autonomías han sido entidades civiles o empresariales los que han planteado acciones legales por considerarse perjudicadas gravemente por las disposiciones políticas. Y en no pocos contenciosos los tribunales les han dado la razón.
Llegados a éste punto y cuando se judicializa la política no resulta nada extraño que el ciudadano de a pie piense, y acierta si lo hace, que la clase política en general no le merece excesivo respeto, que no ofrece síntomas apreciables de solidez intelectual y de convicciones firmes en el marco de sus actuaciones, que administra a golpes de improvisación y sin medir con la enjundia requerida el alcance de sus actos. O sea y para concluir: que alberga la sensación de que su destino depende de mindangos de tres al cuarto. Tristísima conclusión.
