Cuando los negocios funcionan a medio gas o han paralizado la actividad por causas de fuerza mayor, como las que ahora vivimos, hay que tomar medidas que ayuden a capear el temporal económico o de lo contrario estaremos condenando a cientos de empresas, muy en particular pequeñas y medianas, a la desaparición y a la pérdida de empleos.
Atravesamos una situación tan excepcional como dramática en términos sanitarios y económicos y lo que la ciudadanía quiere ver por parte de los que mandan son acciones concretas y eficaces en lo científico y en lo económico, en lo asistencial y en lo empresarial. Son dos polos entrelazados en los que resulta imprescindible actuar con criterio y sensibilidad social.
Las pequeñas y medianas empresas, que incluyen hostelería y juego, están siendo castigadas con extrema dureza. Por los efectos de la pandemia y por las medidas gubernativas derivadas de la misma. Y en medio de un ambiente de desprotección máxima reclaman de asistencias, de comprensión, de apoyos para tratar de sacar la cabeza y seguir en la lucha cotidiana. La Generalitat de Cataluña quiere rebajar el 50% del alquiler de los locales cerrados por el Covid-19. Buen gesto. Pero hacen falta más ante una situación de emergencia nacional. Porque hay locales que funcionan, con muchas restricciones, y que no sacan para cubrir gastos, entre ellos los del alquiler. Y en ése terreno como en otros, llámense IBI, IAE, tasas y gravámenes que dependen de las administraciones hay que mostrar un cierto grado de flexibilidad, de tolerancia en los plazos, de facilidades en los pagos con el fin de no apretar más de lo debido un dogal que amenaza con asfixiar a muchos. Al margen de los cientos que han ido cayendo sin posibilidad de retorno. No se están pidiendo limosnas. La demanda es de ayudas tan amplias y generosas como sea posible. Los hechos así lo reclaman.
