Los temas del juego tienen un tratamiento terrorífico en Baleares. No faltan las decisiones políticas delirantes cuya única finalidad responde a un propósito declarado de ir minando al sector, de apretarle un poquito más el cuello para que vaya perdiendo aíre y ofrezca síntomas de asfixia de manera progresiva. Endurecimiento de normas hasta lo indecible y disposiciones de carácter regresivo representan la tónica imperante en las islas respecto al juego. Esto viene siendo así desde que gobierna el tripartito que sí por algo se distingue, y existen pruebas más que sobradas que lo certifican, es por su indisimulada aversión al juego privado, el otro ya saben que campa a sus anchas en todas partes.
Ahora en Baleares se ha entrado en un período plagado de incógnitas. Primero se anuncian cambios en la Ley del Juego o revisión de la misma de la que cabe esperar sorpresas desagradables. Y para rematar la faena se informa del propósito de aumentar los impuestos al sector. Más madera que es la guerra.
Los promotores de la iniciativa no han caído en la cuenta de que el juego viene de una etapa durísima en lo económico, como consecuencia de los efectos negativos derivados de la pandemia y las secuelas que ésta ha dejado y de las que las empresas todavía no se han recuperado. Y tendrá que pasar bastante tiempo para que esto suceda. Por lo visto éste no es un factor digno de ser valorado.
Ante un panorama tan poco propicio como el descrito y a la espera de comprobar como se desarrollan los acontecimientos lo que queda meridianamente claro en Baleares es que el juego es víctima propicia de un sesgo ideológico que no cesa en su acoso al sector desde todos los frentes. Sectarismo en estado puro.
